Publica EPN en DOF la Ley General de Comunicación Social

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12 May, 2018

Hace unas horas la Secretaría d Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expide la Ley General de Comunicación Social.

"Es una tomada de pelo y una irresponsabilidad porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) urgía a que se aprobara por el proceso electoral del 1 de julio, al ponerle en el transitorio la vigencia hasta enero de 2019, se están burlando de la decisión de la Corte", señaló el legislador del PRD Rafael Hernández Soriano.

Según, el documento, tiene por objeto establecer las normas a que deberán sujetarse los Entes Públicos a fin de garantizar que el gasto en Comunicación Social.

El precepto constitucional indica que la publicidad gubernamental deberá tener tener carácter institucional e informativo, y no deberá usarse para promoción personalizada de cualquier servidor público.

Destaca que los medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de comunicación social a que se refiere la presente Ley, deberán estar inscritos previamente en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación, a cargo de esa dependencia.

De acuerdo con el artículo 38, la revisión y fiscalización de los recursos públicos federales en materia de Comunicación Social se realizará a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en términos de lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Varias organizaciones civiles han afirmado que la nueva legislación no elimina la discrecionalidad ni establece criterios claros para la asignación de publicidad.

El Instituto Belisario Domínguez advirtió en análisis que dicha ley define de manera vaga los contenidos permitidos y no permitidos, y deja que continúe el gasto por encima de lo programado.

La legislación ha generado controversia entre las ONG especializadas e inclusive, Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), dijo que con su aprobación se perdía una oportunidad de regular el uso de la publicidad oficial.

En una Nota Estratégica sobre la minuta, el IBD advierte que la redacción de los artículos 4 y 8 de la Ley, bautizada como "Ley Chayote", abre la posibilidad de difundir programas gubernamentales que no sean necesariamente útiles al público.

Entre las normas que presenta está el artículo 17, el cual indica que los tiempos oficiales serán repartidos con un 40% para el Poder Ejecutivo, 30% para el Poder Legislativo -en partes iguales para la Cámara de Diputados y el Senado de la República-, 10% al Poder Judicial y 20% a los órganos autónomos.


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