Advierten que autoridades buscan cerrar Caso Iguala por alternancia política

Antonia Urrejola relatora de la CIDH para Nicaragua
Padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa temen carpetazo en 2018
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10 May, 2018

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca exigió al Estado Mexicano respetar la labor que realiza en nuestro país el Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (Oacnudh), Jan Jarab, luego de que la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación y la de Relaciones Exteriores pretendieron descalificar los resultados del informe que Jarab presentó sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural "Isidro Burgos" de Ayotzinapa.

En el informe publicado el 15 de marzo de este año, la ONU concluyó que hay fuertes elementos de convicción para considerar que al menos 34 personas detenidas durante la primera etapa de la investigación del caso fueron torturadas y muchas de ellas arrestadas arbitrariamente.

Y ante ello, reiteró su llamado a las autoridades mexicanas para que "implementen las recomendaciones del Informe, con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos, garantizar la justicia, brindar reparaciones a las víctimas y garantizar la no repetición de estos eventos trágicos”".

De acuerdo con la versión oficial, los estudiantes fueron detenidos en Iguala por policías corruptos, quienes los entregaron a miembros de un grupo criminal que los mataron, incineraron y arrojaron las cenizas a un río.

Informe sobre violaciones a los derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa.

México rechazó el lunes el informe de la ONU argumentando que sus aseveraciones "resultaron prematuras y podrían afectar el resultado" de las investigaciones.

El embajador de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), José Valencia, solicitó el 4 de mayo del 2018 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conformar una comisión internacional, para investigar el secuestro y muerte del equipo periodístico de diario EL COMERCIO.

"Lo que vamos encontrando es que el gobierno federal está involucrado en los hechos", denunció en un vehemente discurso durante el acto en la capital Santo Domingo.

El comisionado Luis Ernesto Vargas Silva recomendó que sea un juez quien se dedique solo al caso, pues luego están cargados de trabajo y no atienden las demandas de las 43 familias que están desesperadas.

"La persecución a los abogados y a defensores de derechos humanos ha sido evidente mediante a aplicación de sanciones arbitrarias en unos casos por parte de los propios jueces y en otros por parte inclusive de acciones del propio Gobierno", señaló Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha.

Además, afirmaron que no se ha tomado en cuenta las diferentes denuncias y acontecimientos relacionados con el curso de la investigación, que sigue sin tener resolución después de 43 meses.


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