INE y Gobernación presentan protocolo de seguridad para candidatos

Gobierno federal garantizará protección a candidatos
Estado Mayor y la Policía Federal cuidarán a candidatos presidenciales que lo soliciten
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08 Abril, 2018

En el acto de cumplimiento de obligaciones que marca la Ley, en el caso de candidatos presidenciales, incluso el Estado mayor Presidencial pone a disposición del INE un protocolo de seguridad con elementos materiales y personales para que se pueda desarrollar de la mejor manera.

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida dio a conocer el protocolo de protección personal a candidatos a la Presidencia de la República a través del cual el gobierno federal ofrecerá seguridad a los aspirantes a la Presidencia de la República que lo soliciten ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Córdova Vianello precisó que la autoridad electoral tiene bien definidas sus funciones en las próximas elecciones, "pero no somos ni pretendemos ser, como tales, los responsables de generar condiciones de seguridad". "Son los candidatos y eventualmente los partidos políticos quienes hacen deben hacer una solicitud de protección, de seguridad personas y es una responsabilidad del INE transmitir la comunicación a las instancias del estado mexicano", dijo en conferencia conjunta.

Agregó que México no tiene intención de suspender la cooperación en seguridad con Estados Unidos, y más bien quiere una relación abierta, transparente y franca, pues es su aliado comercial más importante, pero será el presidente el que fije una posición y el gobierno la acatará.

El Secretario de Gobernación reiteró, como lo dijo el Presidente Peña Nieto, que el anuncio del Presidente Donald Trump de enviar militares a la frontera con México, tiene razones de política interna de Estados Unidos, no internacional.

En el encuentro realizado en las instalaciones del Palacio de Gobierno del estado, puntualizó que esa ley contempla la puesta en marcha y el funcionamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas; trabaja para la creación de bases de datos, las herramientas tecnológicas y mecanismos institucionales que la ley mandata; y se suman esfuerzos para la armonización legislativa y poner en marcha las Fiscalías Especializadas y las Comisiones de Búsqueda Locales.


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