ONU- DH fustiga hechos violentos en Acapulco, México

AP  Andrew Harnik
AP Andrew Harnik
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13 Enero, 2018

"Se recibió incluso información sobre la comisión de actos de tortura y malos tratos, falta de respeto por el derecho a la defensa, fabricación de pruebas en contra de algunas personas detenidas, allanamientos sin orden judicial y condiciones indignas de detención".

"La ONU-DH cuenta con fuertes elementos de convicción sobre la existencia de violaciones de derechos humanos cometidas por parte de fuerzas de seguridad durante el operativo, las cuales resultan profundamente preocupantes", dijo en un comunicado.

Según la información recabada por la ONU-DH, durante la madrugada del 7 de enero se produjeron enfrentamientos en la comunidad de La Concepción en los que fallecieron ocho personas en circunstancias todavía inciertas, en una celebración religiosa. Posteriormente, agentes estatales, con apoyo de fuerzas federales realizaron el operativo de desarme durante el cual murieron tres comunitarios más y 38 fueron detenidos.

Estos grupos vigilantes están conformados por miembros de las propias comunidades afectadas y operan con permiso de las autoridades.

Además, señaló que hubo inacción de las autoridades para garantizar la protección de los periodistas que fueron amenazados mientras cubrían hechos posteriores en la misma comunidad, pese a las medidas cautelares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por lo que llamó a garantizar seguridad en la labor periodística.

Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México, calificó de "preocupante" el robo de material gráfico.

Todas las muertes deben ser investigadas, incluidas las que se produjeron durante el operativo policial, ya que de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, toda muerte producida por la actuación de funcionarios públicos debe ser investigada para esclarecer completamente sus circunstancias.

Jarab puntualizó que "únicamente una investigación profesional, independiente, efectiva e imparcial podrá esclarecer los hechos y ofrecer justicia a las víctimas", por lo que recomienda la aplicación de los estándares internacionales contenidas en el Protocolo de Minnesota ante las alegaciones de que en los hechos ocurrieron ejecuciones extrajudiciales.

Además, el funcionario lamentó el mensaje emitido el miércoles pasado por el gobierno de Guerrero en el que no se asegura que se esté realizando una investigación independiente.

Las autoridades estatales tuvieron conocimiento de los hechos de violencia por medio de varias llamadas al teléfono de emergencia 911, derivado de enfrentamientos ocurridos en la comisaría municipal entre pobladores y civiles armados del Cecop.

"Es preciso mencionar que esta Oficina efectivamente visitó a las personas detenidas, pero no emitió ninguna opinión respecto al estado en que se encontraban, y contrariamente a las declaraciones de las autoridades de Guerrero, sí se pudieron constatar condiciones indignas de detención y otras violaciones a sus derechos".

Por último, dio sus condolencias a las familias de las víctimas y pidió que se adopten "las medidas necesarias" para garantizar las condiciones de seguridad de los habitantes de la comunidad, así como de los detenidos, abogados y defensores de derechos humanos que están trabajando en el caso.


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