Aprueban ley de Desaparición Forzada

Ley contra desaparición forzada, gran paso en defensa los DH en ...
LDF un paso adelante en derechos humano
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13 Octubre, 2017

- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su reconocimiento al Poder Legislativo por la aprobación, por parte de la Cámara de Diputados, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, proyecto que había sido avalado el pasado abril por el Senado.

El documento también reforma y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud, para armonizar estos ordenamientos con la nueva legislación, principalmente, en lo concerniente a las sanciones por el delito de desaparición forzada y el tratamiento de cadáveres de personas no identificadas.

La ley busca prevenir y sancionar la desaparición forzada de personas, así como los mecanismos para garantizar su localización.

Establece la distribución de competencias y la coordinación entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para combatir este delito, e incrementa las penas para quienes lo cometan.

En tanto, los particulares que incurran en dicho delito alcanzarán un castigo de entre 25 y 50 años de sentencia. En ambos casos, las penalidades podrán aumentar hasta 50% por agravantes como la comisión de delito contra menores de edad, mujeres embarazadas, personas discapacitadas y adultos mayores, así como defensores de derechos humanos y periodistas.

El Sistema estará integrado por los titulares de la Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República, y la Comisión Nacional de Búsqueda, quien fungirá como Secretaría Ejecutiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El dictamen, que ya fue enviado al titular del Ejecutivo para su publicación, establece que comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que, con la autorización, apoyo o aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona; no proporcione información sobre la misma, su suerte, destino o paradero.

Se crea un Consejo Ciudadano, como órgano de consulta del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cuyo objetivo fundamental es el involucramiento de la sociedad civil de las víctimas en el seguimiento de las actividades que desarrollará el Sistema. "Se requerirá una fuerte voluntad política y la asignación de recursos suficientes para que la ley pueda concretarse como una realidad para las más de 33 mil personas actualmente desaparecidas en México", manifestó Raquel Aguilera de Amnistía Internacional México.

En el artículo Transitorio Segundo se señala que queda abrogada la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.


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