Crece la tensión política en España por el referéndum independentista catalán

La Guardia Civil interviene carteles y material de propaganda del 1-O
La policía española secuestra carteles y folletos que apoyan el referendo
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17 Setiembre, 2017

El Gobierno español, dirigido por el conservador Mariano Rajoy, amenazó a aquellos los alcaldes que faciliten la celebración del referendo con abrir diligencias contra ellos o con arrestarlos; ordenó a la policía que se incaute de cualquier elemento que pueda servir para llevar a cabo la votación y anunció que reforzará su control sobre las cuentas del Ejecutivo catalán.

Según el acuerdo adoptado hoy por el Consejo de ministros, el Estado asumirá los pagos "esenciales" del gobierno catalán para asegurar el funcionamiento de los servicios básicos (Sanidad, Educación y Servicios Sociales) y la retribución de los funcionarios. Para sufragarlos usará 1.400 millones de euros que corresponden a Cataluña en el sistema de financiación de las autonomías.

El enfrentamiento entre Madrid y Barcelona sigue así escalando a falta de dos semanas para el polémico referéndum que el gobierno catalán insiste en organizar, pese a la suspensión de la Justicia y a las medidas desplegadas por el Estado central para impedirlo. Rajoy ha tomado el control de finanzas catalanas.

Las aguas están cada vez más revueltas en el conflicto Cataluña-España. "No se ha hecho nunca y se está haciendo en razón de la excepcionalidad que estamos viviendo", explicó el ministro.

En medio de esta pulseada, se conoció hoy una carta que Puigdemont y otras autoridades catalanas enviaron al rey Felipe VI y a Rajoy, en la que reclaman negociar un referéndum y advierten de que "no dialogar es incompatible con la resolución de los problemas", reportó la agencia de noticias DPA.

Arropado por la cúpula de su Gobierno y en un discurso contundente, Rajoy se ha felicitado por la confiscación de 100.000 carteles de propaganda del referéndum por parte de la Guardia Civil y ha dado por muerto el diálogo al que le instaba la Generalitat al considerarlo un chantaje.

Ayer Puigdemont y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, recibieron a los más de 700 alcaldes investigados por la Fiscalía por promover el referéndum y reafirmaron su compromiso con el mismo. La carta critica la presunta "ofensiva de represión sin precedentes" que atribuye al gobierno central, refiriéndose a los diversos mecanismos legales activados por el Estado para frenar la consulta.

Lo hará menos de 24 horas después de que los dirigentes independentistas lanzaran el jueves por la noche la campaña por el sí en el referendo, suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional. El planteo de un "diálogo" luego de esa arenga furibunda resulta cuanto menos dudoso.


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