ONU denuncia violaciones de DDHH en Venezuela

Venezuela: ONU acusa a fuerzas de orden de tortura y malos tratos a opositores
La ONU denunció "torturas" de las fuerzas venezolanas
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08 Agosto, 2017

"El equipo hizo unas 135 entrevistas con víctimas y sus familias, testigos, organizaciones civiles, periodistas, abogados, rescatistas y la Fiscalía", dice el comunicado. Además, acusó a las fuerzas de seguridad y a los grupos armados progubernamentales de ser responsables de la muerte de al menos 73 manifestantes.

Según indicios probables "las fuerzas de seguridad han infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos, y que en algunas ocasiones han recurrido a la tortura", alerta el alto comisionado, que denuncia el uso de "choques eléctricos, prácticas de colgar a los reos de las muñecas durante períodos prolongados, asfixiarlos con gases y amenazarlos con la muerte" así como algunos " casos con la violencia sexual" a los detenidos y a sus familiares.

El equipo de la oficina de DDHH dijo el martes que entre las violaciones se incluyeron "cateos en viviendas, torturas y malos tratos a los detenidos en relación con las protestas".

Pese a que no cuentan con cifras oficiales sobre el número de detenciones, Shamdasani aseguró que los cálculos más fidedignos indican que desde el 1 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones, hasta el 31 de julio, más de 5.051 personas sufrieron detención arbitraria.

"Esas violaciones ocurren en plena ruptura del Estado de derecho en Venezuela, con ataques constantes del gobierno a la Asamblea Nacional y a la Oficina de la Fiscal General", agregó. Más de 1.000 personas seguirían todavía detenidas.

"En ausencia de respuesta de las autoridades venezolanas, el alto comisionado para los Derechos Humanos Zeid Ra'ad Al Hussein desplegó un equipo de agentes de derechos humanos para monitorear la situación en el país del 6 al 31 de junio". A través de entrevistas, la ONU determinó que la fuerza excesiva tiene un uso generalizado y sistemático.

A su vez, Shamdasani se refirió al despido de la fiscal general del país, Luisa Ortega, expresando que dicha decisión "está en la línea de lo que hemos estado denunciando, que el estado de derecho en el país se ha roto y la fractura se está ahondando".


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