Cristiano: "A veces la mejor respuesta es estar callado"

La Fiscalía denuncia a Cristiano Ronaldo por fraude de impuestos en España
La Fiscalía de España acusa formalmente a Cristiano Ronaldo de defraudar al fisco por más de $16 millones de dólares
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20 Junio, 2017

En su denuncia, la fiscalía acusa a Cristiano de "cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre los años 2011 y 2014", que suponen "un fraude tributario de 14.768.897,40 euros", informó en un comunicado el ministerio público. Las cuotas defraudadas son de 1,39 millones en 2011, 1,66 en 2012, 3,20 en 2013 y de 8,50 en 2014.

Cristiano Ronaldo utilizó, según el Ministerio Público español, "una estructura societaria creada en 2010 para ocultar las rentas generadas en España por los derechos de imagen, algo que supone un incumplimiento voluntario y consciente de sus obligaciones fiscales en España".

"El Real Madrid CF está absolutamente convencido de que nuestro jugador Cristiano Ronaldo demostrará su total inocencia en este proceso", indica el comunicado.

La denuncia, presentada en un juzgado de Pozuelo de Alarcón, Madrid, se basa en un informe remitido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), y en la jurisprudencia más reciente, como el caso del futbolista argentino Lionel Messi y su padre, que fueron condenados por fraude fiscal hace poco.

Gestifute, empresa que representa a Cristiano Ronaldo, matizó que la Fiscalía de Madrid presentó contra el futbolista portugués una denuncia y no una querella, lo que "implica un cambio sustancial", y que el jugador obtuvo sus rentas "directamente" sin la participación "de ninguna sociedad suya".

Según la denuncia, unos meses antes de fichar por el Real Madrid (2009), Ronaldo simuló ceder sus derechos de imagen a la sociedad Tollin Associates LTD, domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas y de la que era socio único, "con la intención de obtener un beneficio fiscal ilícito cuando llegara a España".

Estos tres delitos agravados se castigan con penas de prisión de dos a seis años por cada uno de ellos, lo que implicaría la petición de la Abogacía del Estado de una pena mínima total de siete años por los cuatro presuntos delitos fiscales.


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